martes, febrero 27, 2024

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El Estado nacional aumenta las desigualdades geográficas

El Estado nacional toma recursos de las zonas más productivas para asignarlos en CABA, la jurisdicción más rica del país, y en las provincias más pobres, utilizando un pésimo instrumento como es la coparticipación. La salida es un nuevo acuerdo que replantee potestades tributarias y funciones entre la Nación y las provincias. 

Se anunció un nuevo acuerdo con el FMI. El gobierno se aferra a no aplicar un salto devaluatorio antes de las elecciones apelando a un inconsistente paquete de medidas que profundizan la crisis. El FMI, por su parte, se limita a prometer que reintegrará lo que Argentina le pagó en junio y le pagará en agosto. Mientras tanto, el Banco Central sigue incrementado sus reservas negativas, el sector privado acumulando deuda en dólares por importaciones que no paga, la emisión monetaria contenida con las Leliq alcanza a 3 veces la base monetaria y sigue aumentando la deuda pública en pesos indexada.

El próximo gobierno asumirá en un estado de crisis muy profunda cuyo principal origen son los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el Estado. Al ser un problema de naturaleza organizacional, el ajuste fiscal tradicional es ineficaz. Se necesita un reordenamiento integral del sector público que tome como eje medular el replanteo de roles dentro del régimen federal.    

¿Cuántos impuestos nacionales se recauda en cada provincia y cuánto asigna la Nación ya sea de manera directa o a través de transferencias en cada una de ellas? Al 2022 el balance entre impuestos aportados y recursos recibidos es el siguiente:

  • Hay 5 provincias que aportan más impuestos que lo que reciben del Estado nacional (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut).
  • Hay 4 provincias que aportan impuestos en similar monto a lo que reciben del Estado nacional (Santa Cruz, La Pampa, Mendoza y Entre Ríos).
  • Las restantes 14 provincias reciben más recursos del Estado nacional que impuestos que aportan (la mayor es CABA y las provincias del norte).

Estos datos muestran que el Estado nacional no tiene un rol neutral en la distribución regional del ingreso. Por un lado, la región pampeana, con un peso decisivo del interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y parte de la Patagonia aportan más de lo que reciben. Por el otro, en CABA y en las provincias del norte el Estado nacional recauda solo una parte de lo que en esos territorios gasta de manera directa o envía a través de la coparticipación o con transferencias discrecionales. 

Una primera paradoja es que la más beneficiada por el Estado nacional es la jurisdicción más rica del país: CABA. Esto no se explica por un trato preferencial en la coparticipación de impuestos, sino debido a que la Nación se hace cargo de funciones que en el resto del país las asumen los gobiernos provinciales y municipales y al peso de la estructura administrativa nacional radicada en CABA. Una segunda paradoja es que la Nación redistribuye ingresos hacia las zonas más pobres con la coparticipación lo cual profundiza su atraso. La coparticipación no dinamiza el desarrollo sino que incentiva el uso de recursos para engordar el empleo público espurio y otras acciones clientelares.

Para salir de este esquema tan perverso se necesita, por el lado de los ingresos, acordar una distribución de potestades tributarias que apunte a que cada jurisdicción se financie con los impuestos que les cobra a sus ciudadanos. Derogar la actual ley de coparticipación y adoptar un principio de correspondencia fiscal (quien administra un gasto, también se hace cargo del impuesto para financiarlo). La solidaridad hacia las provincias más pobres canalizarla a través de un Fondo de Convergencia. Este mecanismo, a diferencia de la coparticipación, impone un compromiso de usar los recursos solidarios en un plan de desarrollo. Por el lado de los egresos, acordar que la Nación sólo ejecute funciones interprovinciales sin inmiscuirse en responsabilidades provinciales

Para el próximo gobierno el principal desafío no es establecer un nuevo régimen monetario ni la independencia del Banco Central. Estos son elementos complementarios de la cuestión más compleja y medular que es eliminar los crónicos déficits financieros y de gestión del Estado. Para ello es imprescindible dar racionalidad a la organización del sector público en base a una distribución coherente de potestades tributarias y de funciones. 

Fuente: IDESA

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