La agrupación Memoria Activa volvió a reclamar justicia para las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), volvió a reiterar su pedido de “tener fiscales idóneos y creíbles”, al tanto que acusó al Gobierno de Mauricio Macri de “haber realizado presiones contra los jueces” que investigaron el hecho.
En el marco de los 27 años del ataque terrorista, los familiares de Memoria Activa realizaron un acto virtual en el cual volvieron a criticar al procurador Eduardo Casal por haber designado “al fiscal Basso a cargo de la UFI AMIA para lavar, vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible”.
En un documento leído por Diana Wassner, la agrupación que nuclea a familiares de las víctimas del ataque a la AMIA, señaló que “en los hechos la UFI AMIA hoy es gerenciada por estrechos colaboradores del fiscal Alberto Nisman con la misma opacidad y ausencia de resultados”.
Por su parte, Eial Moldavsky, integrante de Memoria Activa marcó que “hubo un juicio a (Carlos) Telleldín y lo absolvieron. Elevaron la causa de Memoria Activa contra el Estado argentino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se hicieron públicas las presiones que ejerció el gobierno de Mauricio Macri contra los jueces”.
Sobre el juicio a Telleldín, acusado de vender el coche que se utilizó en el atentado, el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, dijo que “de la investigación entre comillas que llevaron a cabo (Juan José) Galeano, (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia no quedó nada, no hay nada que se pueda rescatar de ese trabajo nefasto”.
El letrado aseguró que “la evidencia encontrada en el teléfono” de Darío Nieto quien fue secretario de Macri es otro “indicio más de la existencia de maniobras desde las esferas más altas del gobierno anterior para influir en el tribunal que estaba juzgando el encubrimiento del atentado a la AMIA”.
En último término, respecto a la causa que elevaron los familiares ante la Corte Interamericana de Justicia, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo la responsabilidad del Estado “de no haber prevenido el atentado” y de intentar “tapar” y “desviar” la investigación.
“La Corte de acá a año y medio, dos años, va a sacar finalmente una sentencia donde termine de corroborar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino, va a condenar al país y tenemos expectativas que fije algunas líneas de reparación muy importantes para las víctimas y familiares”, cerró Litvachky.
