La Justicia porteña rechazó un amparo presentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires contra el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales establecido por la AFIP.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 a cargo de Martín Cormick. Según el organismo, el régimen informativo es un instrumento utilizado a nivel global para reducir la opacidad, evitar la evasión y prevenir el lavado de dinero, que entró en vigencia con la Resolución General N°4838.
Los profesionales de Ciencias Económicas buscaban bloquear una iniciativa de Mercedes Marcó del Pont, que como ocurre en todos los países del mundo, son una práctica extendida que permiten verificar que los impuestos se ingresen en las jurisdicciones, donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles. Modelos similares al de la AFIP se utilizan en la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Canadá y México.
En este marco, la magistrado consideró que la AFIP posee “amplios poderes” para “verificar en cualquier momento, inclusive, respecto de períodos fiscales en curso, por intermedio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que los obligados y responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable”.
El fallo de Martín Cormick señaló que la resolución “impone la obligación de informar la planificación fiscal al ‘asesor fiscal´ como una obligación autónoma, pero también resulta cierto que el mencionado puede ampararse en el secreto profesional, límite impuesto por la propia resolución en resguardo del ´secreto profesional´. Además y a mayor fundamento, el único autorizado para relevarlo es el propio contribuyente”.
La medida de Marcó del Pont apunta a mejorar la recaudación. Datos de la OCDE revelaron que la planificación fiscal que llevan adelante las empresas y multinacionales genera una caída en la recaudación de impuestos a la renta corporativa a nivel global de entre 4% y 10%.
Pero además, son mecanismos celebrados por prestigiosas ONG y entidades dedicas a la ucha contra el lavado de dinero, como la británica Tax Justice Network (TJN). “Argentina sigue avanzando para estar a la vanguardia de la transparencia”, sostuvieron los expertos de TJN con la planificación fiscal.
“Con esta norma Argentina se suma a los 27 miembros de la Unión Europea, Canadá, México, Sudáfrica y Estados Unidos que ya exigen a los contribuyentes o asesores financieros que informen sus esquemas tributarios”, expresaron desde TJN, al referirse a los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios con relación a cualquier impuesto y/o régimen de información.
