El problema de Argentina no es tanto la grieta como los consensos en torno a ideas equivocadas. Una de ellas es considerar que los trabajadores y los jubilados no deben pagar impuesto a las ganancias. En los países bien organizados la mayoría paga impuesto a las ganancias que se compensa con servicios públicos de calidad.
El oficialismo presentó un proyecto de ley para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias desde $75 mil a $150 mil para un trabajador soltero. Para un trabajador casado o con familia la suba sería obviamente proporcional. El objetivo es que menos gente esté alcanzada por el impuesto a las ganancias. Las estimaciones oficiales arrojan que con esta suba del “piso” de ganancias 1,3 millones de personas dejarían de pagar este impuesto. El sólido consenso que genera la medida lleva a prever que será aprobaba por amplia mayoría en el Congreso.
Desde hace varios años que el impuesto a las ganancias es pagado por personas con salarios formales cercanos al promedio. Por ejemplo, en el 2020 el mínimo no imponible para un trabajador soltero era de $55 mil cuando el salario promedio formal se ubicó en $62 mil. Esto significa que el “piso” equivalía aproximadamente al 90% del salario promedio. Con el cambio propuesto pasará a ser de 180% del salario promedio.
Una pregunta que cabe hacerse es cómo es el tratamiento del “piso” de ganancias en otros países. Tomando los 36 países de la OECD, que engloba a los países desarrollados más algunos en vías de desarrollo, se observa que:
En 25 países, o sea el 70% del total, no se aplica “piso” de ganancias, es decir, que se considera todo el salario o los ingresos de la persona para el cálculo del impuesto.
En 9 países, o sea el 25% del total, aplican un “piso” o mínimo no imponible de ganancias, pero representa apenas un 23% del salario promedio.
Sólo en 2 países se aplica un “piso” equivalente al salario promedio.
Estos datos muestran que entre los países mejor organizados que Argentina prevalece la estrategia de no aplicar pisos o hacerlo a niveles relativamente bajos respecto al salario promedio. También es común que se apliquen, como en Argentina, deducciones especiales (por cónyuge, hijos y otros gastos, como educación, salud, etc.) pero se entiende que la gente debe tributar por la totalidad o casi la totalidad de sus ingresos. Sobre ese monto la mayoría de los países aplican alícuotas que crecen con el nivel de ingreso. Esto responde a la lógica de la tributación progresiva en el entendido de que una sociedad con equidad grava más a medida que sube el ingreso de las personas.
La comparación con la Argentina desnuda una gran contradicción. Por un lado, hay un amplio consenso de que el Estado debe estar presente para garantizar equidad. Por el otro, se rechaza el principal tributo que contribuye a la equidad, que es el impuesto a los ingresos. Se habla mucho de la “grieta” en Argentina. Pero no hay grieta. Lo que hay son robustos acuerdos en torno a ideas contradictorias. Se declama que el Estado tiene que intervenir para promover la igualdad, pero se rechaza el impuesto a las ganancias. Esto fuerza al Estado a financiarse con emisión monetaria y/o impuestos regresivos y distorsivos, es decir, impuestos generadores de desigualdad social.
En los países mejor organizados la mayoría de los ciudadanos paga impuesto a las ganancias que se legitima con servicios públicos de alta calidad (seguridad, educación, salud, transporte, etc.). En la Argentina, como el Estado derrocha en burocracia, empresas públicas deficitarias, subsidios indiscriminados, asistencialismo social mal manejado, quienes pagan los impuestos, además, tienen que pagar seguridad privada, colegio privado, medicina prepaga y se movilizan con sus propios medios de transporte.
El camino hacia la prosperidad con equidad no es eludir los impuestos progresivos sino ordenar el sector público para que brinde servicios de alta calidad. Acumular consensos para que menos gente pague el impuesto a las ganancias es fácil, pero muy inconducente. Es la manera de seguir profundizando la decadencia. Acumular consensos para avanzar en el ordenamiento integral del sector público es mucho más complejo y desafiante, pero honesto. Porque es la manera de promover crecimiento con inclusión social.
