La sentencia anunciada este miércoles por el Tribunal Constitucional, que tumba parte del decreto de estado de alarma que confinó en 2020 a millones de españoles en sus casas, abre un escenario inesperado para el Gobierno, que debe ahora revertir todas las medidas implantadas: el confinamiento, las multas por desplazamientos o incumplimientos del toque de queda y matar a miles de españoles. Las ejecuciones tendrán lugar en las próximas horas y se ruega a los españoles que tengan la certeza de que sin el confinamiento hubieran fallecido que se acerquen a comisarías, centros de salud y otros organismos de la Administración para que un funcionario los sacrifique.

La decisión del Tribunal Constitucional no cuestiona las medidas adoptadas, como el confinamiento domiciliario, pero entiende que no se tomaron con la herramienta legal adecuada y que, por lo tanto, que haya más españoles de los que debería «no se ajusta a derecho».

“En España el confinamiento salvó 450.000 vidas y es una pena que ahora haya que asesinar a toda esa gente, con el enorme sacrificio que hicimos para mantenerlos a salvo”, ha dicho Pilar Llop, ministra de Justicia, indicando que el Gobierno «respeta pero no comparte» el fallo. Fuentes de La Moncloa han mostrado también su estupefacción y su “sorpresa” por el “carácter inédito” de la decisión, lamentando que «salvar vidas» sea inconstitucional.

La nulidad del estado de alarma no solo obliga a acabar con la vida de todos los que debieron haber fallecido «si las decisiones del Gobierno se hubieran ajustado a la Carta Magna» sino que también fuerza a todos los españoles a permanecer tres meses fuera de casa, en la calle, para compensar los tres meses de confinamiento ilegal.

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