La aceleración de la inflación aumenta la pobreza. No hay política compensatoria del Estado que baje la pobreza sin reducir la inflación. Lo que se necesita es cuestionar los consensos que dan sostén a las malas políticas que generan los crónicos déficits financieros y de gestión del Estado.
logra consensos para aumentar el gasto público lo que aumenta la inflación. Por ejemplo, frente a la crítica situación de Rosario, el Congreso se apresta a aprobar una ley aumentando la estructura del Poder Judicial. No se toma en cuenta que, en el Poder Judicial, como ocurre en el resto del Estado, hay enormes oportunidades para mejorar los servicios sin incrementar el gasto público. El Poder Judicial de la Nación asigna el 96% de su presupuesto a gasto salarial. En lugar de replantear procedimientos y modernizar la tecnología se decide crear 50 cargos más de jueces, defensores oficiales y fiscales. Se asume con naturalidad que las soluciones siempre pasan por aumentar el gasto público y nunca en aumentar la eficiencia.
La sanción de la ley implicará aumentar el gasto público, con esto la inflación y por ende la pobreza. Es decir, el Congreso contribuirá a que haya más mano de obra barata para los narcotraficantes. Es otro testimonio de que en materia de organización y gestión del Estado no hay grietas sino férreos acuerdos en torno a malas ideas. Mientras no se rompan estos consensos equivocados, no hay chances de salir de la decadencia.
Fuente: IDESA
