Fuentes de la cartera que conduce el ministro Matías Kulfas explicaron que a raíz de esta acción se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos
Una vez que la compañía es notificada tiene un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima
De no cumplir con este último ítem las firmas pueden tener sanciones que van desde los $500 a $10.000.000.
“El objetivo, de todos modos, no es sancionar sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta”, detallaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Las mismas fuentes explicaron que “la imputación es un proceso administrativo que implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación”.
Al respecto, agregaron que “una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD) y debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación”.
Si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo, pero si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales.
“El objetivo principal de estas imputaciones es que las empresas restablezcan los niveles de producción y stock, y que tomen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los productos en los comercios”, precisaron y detallaron que “todas las empresas fueron notificadas por el sistema de Trámites a Distancia”.
Las imputaciones se realizaron por la presunta infracción a la resolución 100/2020 (Precios Máximos) que conforma un incumplimiento a la Ley de Abastecimiento.
El Gobierno informó hoy que tras identificar los faltantes en góndolas, los inspectores fiscalizaron los centros de distribución y constataron que desde las empresas proveedoras hubo inconvenientes en la entrega de mercadería.
Posteriormente se realizaron requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021 a las empresas proveedoras.
La Secretaría de Comercio Interior informó que imputó a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&>, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo.
