el Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a más de 60 entidades productivas de la Argentina, le pidió a los diputados que voten en contra del proyecto oficialista para modificar el Ministerio Público, a través del cual el kirchnerismo busca desplazar al procurador general de la Nación Eduardo Casal y condicionar el trabajo de todos los fiscales con cambios en el jury de enjuiciamiento que evalúa su trabajo.
En una carta dirigida a cada legislador el viernes pasado, los coordinadores del Foro, Miguel Blanco y Juan Manuel Vaquer Coordinador, exigieron enterrar definitivamente el plan.
“Nos dirigimos a usted en representación del Foro de Convergencia Empresarial, a fin de solicitarle el rechazo del Proyecto de Reforma de Ley Orgánica del Ministerio Público (CD-180/20), que recibió media sanción de la Cámara de Senadores el 27 de noviembre de 2020”, comienza la breve misiva.
“Una administración de justicia independiente y eficaz, como garantía de que los patrimonios y la libertad de individuos y empresas no serán víctimas de decisiones arbitrarias de poderes de turno, es condición imprescindible para que exista un flujo de inversiones que genere actividad económica, trabajo y riqueza. Sin ellas es impensable cualquier solución al gravísimo flagelo de pobreza que afecta al país”, continúa la carta.
Los empresarios advierten entonces que “de aprobarse el proyecto de ley de referencia se pondría en serio riesgo esa independencia del sistema de administración de justicia, pues se socavarían gravemente los mecanismos de resguardo de la independencia del Ministerio Público que es un elemento esencial de aquel sistema.”
“Son tantas y tan severas las deficiencias del proyecto CD-180/20 -entre las que cabe señalar la modificación de las mayorías para la designación del Procurador General; las modificaciones en la composición del jury de enjuiciamiento; y las facultades otorgadas a la Comisión Bicameral de Seguimiento- que consideramos que el mismo debe ser rechazado en su totalidad, no pudiendo subsanarse sus defectos mediante modificaciones al texto aprobado en el Senado”, dicen sin vueltas Blanco y Vaquer en nombre de todas las entidades que integran el Foro.
“De avanzar con el proyecto en cuestión las consecuencias desfavorables para la actividad económica y potenciales proyectos de inversión serían sumamente gravosas y difíciles de revertir”, concluye el texto, que ofrece a sus autores para “ampliar lo expuesto en la presente o formular las aclaraciones que considere necesarias”.
No es la primera vez que el Foro de Convergencia Empresaria manifiesta su disconformidad con las iniciativas del gobierno para tratar de aliviar el oscuro horizonte judicial de Cristina Kirchner. En agosto pasado, por ejemplo, se mostró en contra de la reforma judicial impulsada en el Congreso.
En ese momento, los empresarios admitieron que “la justicia requiere cambios”, pero aclararon que debían ser fruto de un “detenido y profundo debate” con pluralidad de voces. “En este sentido, resultan inconvenientes tanto la oportunidad y contenido de la reforma judicial”, como la creación de la llamada Comisión Beraldi para reformar la Corte Suprema de Justicia, advierten los empresarios. Por eso, admitían que “estas iniciativas y sus motivaciones nos generan preocupación e incertidumbre”.
